EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS DE LA OEA VIGILAN PROCESO DE LA CPI SOBRE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA
Por Mitzy Ledezma Capriles.
La noticia salió de la ciudad de La haya el pasado 16 de mayo de 2023.
Después de varios debates en los que participaron los investigadores más calificados del ámbito internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se dieron a conocer las “conclusiones alarmantes” confirmando que las modificaciones ilegales que adelanta en Venezuela por parte del régimen de Nicolas Maduro solo buscan “perpetúar la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas” por los presuntos crímenes de lesa humanidad. Ese equipo fue constituido por la OEA en 2017 para precisar si hay méritos suficiente para acusar al Gobierno venezolano ante la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en audiencias públicas por representantes de la sociedad civil y militares exiliados.
Ante los medios de comunicación que fueron citados para una conferencia de prensa, el experto argentino Santiago Cantón y Joanna Frivet (Mauricio), integrantes del panel, comunicaron que se hace indispensable una respuesta contundente del Fiscal y, además, “la urgente necesidad de que actúe” el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ya que, según los integrantes del Grupo de Trabajo de la OEA, esas reformas precipitadas para modificar las institucionales en Venezuela “son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.
Los expertos exhortaron al Fiscal Khan a “centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad.
Entre las conclusiones dadas a conocer por los expertos destacan “su honda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel” y cree que indican “una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos”. Una de las advertencias calificadas como de mayor gravedad por los expertos fue designar a presuntos perpetradores de delitos para ocupar posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.
Uno de los señalamientos hechos concretamente por los expertos, apuntan hacia el actual embajador venezolano en Países Bajos, Calixto Ortega, a quien cuestionan por “haber colaborado activamente en la comisión” de crímenes con “detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo”, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens.
Es pertinente acotar que el embajador Ortega es a la vez magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde 2015 y, también opera como embajador en La Haya, es jefe de la misión diplomática venezolana ante la CPI.
Otro aspecto que destacaron en sus informes es referente al caso del diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En los resultados de las investigaciones realizada por los expertos indican que Cabello “Es considerado una de las personas que podrían tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al director general del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”.
Uno de los declarantes, el experto de Argentina Santiago Cantón deploró que, en lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad”. Para Cantón es más que evidente que esas reformas manipuladas, “erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica” y “sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes”. Por otra parte se conoce que El fiscal de la CPI, Karim Khan, está a la espera de una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el intento de Caracas de impugnar la admisibilidad del caso.
Venezuela acusó a Khan de «instrumentalizar»; la Justicia con fines políticos, se sabe de antemano que recientemente el Fiscal Khan dejo de lado las artimañas puestas en marcha por los operadores del régimen madurista con los fines de enturbiar la investigación.
¿Que opinan ustedes? Saludos, ML
Ante los medios de comunicación que fueron citados para una conferencia de prensa, el experto argentino Santiago Cantón y Joanna Frivet (Mauricio), integrantes del panel, comunicaron que se hace indispensable una respuesta contundente del Fiscal y, además, “la urgente necesidad de que actúe” el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ya que, según los integrantes del Grupo de Trabajo de la OEA, esas reformas precipitadas para modificar las institucionales en Venezuela “son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.
Los expertos exhortaron al Fiscal Khan a “centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad.
Entre las conclusiones dadas a conocer por los expertos destacan “su honda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel” y cree que indican “una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos”. Una de las advertencias calificadas como de mayor gravedad por los expertos fue designar a presuntos perpetradores de delitos para ocupar posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.
Uno de los señalamientos hechos concretamente por los expertos, apuntan hacia el actual embajador venezolano en Países Bajos, Calixto Ortega, a quien cuestionan por “haber colaborado activamente en la comisión” de crímenes con “detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo”, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens.
Es pertinente acotar que el embajador Ortega es a la vez magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde 2015 y, también opera como embajador en La Haya, es jefe de la misión diplomática venezolana ante la CPI.
Otro aspecto que destacaron en sus informes es referente al caso del diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En los resultados de las investigaciones realizada por los expertos indican que Cabello “Es considerado una de las personas que podrían tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al director general del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”.
Uno de los declarantes, el experto de Argentina Santiago Cantón deploró que, en lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad”. Para Cantón es más que evidente que esas reformas manipuladas, “erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica” y “sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes”. Por otra parte se conoce que El fiscal de la CPI, Karim Khan, está a la espera de una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el intento de Caracas de impugnar la admisibilidad del caso.
Venezuela acusó a Khan de «instrumentalizar»; la Justicia con fines políticos, se sabe de antemano que recientemente el Fiscal Khan dejo de lado las artimañas puestas en marcha por los operadores del régimen madurista con los fines de enturbiar la investigación.
¿Que opinan ustedes? Saludos, ML