El equipo de análisis de OGAL (Observatorio Geopolítico de América Latina) estima necesario dar a conocer las deplorables condiciones que padecen miles de seres humanos como consecuencia de la represión política. En tal sentido, OGAL reproduce un conmovedor reportaje publicado en la plataforma Moferma.Press en el que narra, con testimonios y pruebas irrebatibles, la tragedia que padecen centenares de presos políticos víctimas de la persecución y violación sistemática de derechos humanos a cargo de los regímenes de Maduro, Ortega y Diaz-Canel, en sus respectivas dictaduras.
“Pedimos la libertad de los 290 presos políticos que quedan en Venezuela. Que este canje humanitario, como lo habíamos propuesto, se libere a todos los presos políticos”, dijo Ana Leonor Acosta Directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela.
Alain Espinosa, abogado de la organización de derechos humanos Cubalex. Con la detención de 13 personas en el mes de noviembre, la cifra de prisioneros políticos en El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que los médicos del hospital Covadonga informaron a las autoridades del penal sobre la necesidad de ingresar a Barrios Díaz al hospital, pero estas decidieron devolverlo a la prisión, lo que provocó el empeoramiento de su estado de salud y posterior fallecimiento.
Dejamos a consideración de nuestros lectores este registro que describe los procedimientos que forman parte del patrón de conducta utilizado por los dictadores para encarcelar, torturar y asesinar a los disidentes:
Es uno de los más de mil presos políticos del régimen de Miguel Díaz-Canel y este año nuevamente no podrá compartir con su familia en las festividades de Navidad y fin de año. Navarro Rodríguez es originario de la provincia de Matanzas en Cuba, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y promotor de la campaña ciudadana “Cuba Decide”.
Aunque padece diabetes, migraña y tiene una lesión crónica pulmonar como consecuencia del contagio de Covid-19, no recibe tratamiento adecuado.
“Tiene una situación de salud bastante compleja porque depende de la insulina y tiene que medirse la glucosa (…) No le permiten tener el glucómetro y lo usan como medio de presión para que no denuncie las violaciones”, denunció Alain Espinosa, abogado de la organización de derechos humanos Cubalex. Con la detención de 13 personas en el mes de noviembre, la cifra de prisioneros políticos en la isla se elevó a 1.062, según la organización Prisoners Defenders.
“La situación que tienen estas personas dentro de las prisiones continúa siendo extremadamente alarmante, se les violan todos los derechos que puedan asistirle, incluso como privados de libertad”, dijo Espinosa a Expediente Público.
Navarro Rodríguez fue detenido cuando se presentó a la estación policial del municipio de Perico para conocer sobre la situación de varios manifestantes que se encontraban bajo arresto, tras las protestas del 11 de julio de 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a Félix Navarro medidas cautelares, debido a que se encuentra en una situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos. Entre los años 2022 y 2023, Cubalex registró un total de 23 muertes de personas que estaban en custodia en las cárceles cubanas. Luis Barrios Díaz falleció el 19 de noviembre de 2023, con solo 37 años de edad, debido a problemas respiratorios.
Barrios Díaz, encarcelado en el contexto de las históricas protestas que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021, cumplía una condena de nueve años en la prisión 1580, ubicada en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció el 18 de diciembre en Ginebra dentro del Consejo de Derechos Humanos que más de 100 personas continúan privadas de libertad en el país centroamericano por motivos políticos y sometidas a juicios sin garantías procesales.
Hasta octubre, el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registró 91 presos de conciencia en Nicaragua
No obstante, el número de presos políticos podría ser mayor debido a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre noviembre y diciembre siguió encarcelando voces críticas, entre ellos líderes religiosos.
Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la Diócesis de Siuna, en el Caribe Norte, fue detenido por la Policía Nacional el 20 de diciembre cuando se dirigía a la parroquia Santa Cruz en el municipio de La Cruz de Río Grande. Los seminaristas que le acompañaban, Alester Saenz y Tony Palacios también fueron detenidos.
En las cárceles de Nicaragua, el régimen además mantiene en prisión al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Un día antes, el régimen encarceló a once miembros de la iglesia evangélica Puerta de la Montaña y pidió investigar a tres extranjeros más relacionados, por el supuesto delito de lavado de dinero.
El filósofo, sociólogo y catedrático nicaragüense Freddy Quezada, muy crítico con el régimen de Daniel Ortega es uno de los que pasó a formar parte de la lista de presos políticos desde el 29 de noviembre. Un día antes de su arresto, bajo el seudónimo de «Uliteo” en redes sociales, Quezada criticó al régimen y le llamó “dictadura”. El sociólogo, además criticó la detención y destierro de 222 presos políticos y la situación del obispo Rolando Álvarez. Debido a sus críticas por la violenta represión contra manifestantes, en 2018 fue despedido de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua), donde fungía como docente.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció el 18 de diciembre en Ginebra dentro del Consejo de Derechos Humanos que más de 100 personas continúan privadas de libertad en el país centroamericano por motivos políticos y sometidas a juicios sin garantías procesales.
La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Nada Al-Nashif denunció el 18 de diciembre que en Nicaragua el régimen continúa “persiguiendo a quienes percibe que pueden ostentar opiniones críticas”. Con la detención ocurre la desaparición forzada como ocurre con el diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, “cuya suerte y paradero se desconoce” desde su detención el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en el Caribe Norte nicaragüense. Según Al-Nashift el caso de Rivera “constituye una desaparición forzada”.
En igual condición se encuentra el comerciante Douglas Acevedo Castillo, de 70 años, detenido por la Policía del municipio de Terrabona, en Matagalpa, el 10 de octubre de 2023.
En las cárceles de Nicaragua, el régimen además mantiene en prisión al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Un día antes, el régimen encarceló a once miembros de la iglesia evangélica Puerta de la Montaña y pidió investigar a tres extranjeros más relacionados, por el supuesto delito de lavado de dinero.
En Nicaragua más de 17 mujeres que están en la lista de presos políticos tampoco podrán pasar Navidad y la fiesta de fin de año con sus familias. Una de esas personas es la socióloga de 54 años, Melba Damaris Hernández secuestrada en el Barrio El Recreo, en Managua, el 28 de agosto de 2023 y trasladad al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como “La Esperanza”.
Anielka García Zapata, Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales, Josett Miranda y Mayela Campos son otras de las presas políticas del régimen Ortega Murillo. Axel Javier Balladares Merlo es el preso político posterior a las protestas de 2018 con más tiempo de estar en prisión. Balladares Merlo, originario de Masaya, el 16 de diciembre cumplió tres años desde su detención ocurrida en 2020.
Tanto en Cuba como en Nicaragua existe temor entre familiares de presos políticos para denunciar las arbitrariedades de los regímenes de Díaz-Canel y Ortega Murillo. En Nicaragua, la incorporación de personas a la lista de presos políticos no tiene la misma “velocidad que las detenciones” por el «miedo de los familiares de las víctimas a denunciar”, afirma el Mecanismo que registra los casos. En el país centroamericano, la Policía Nacional no solo arresta a personas, sino que también presiona y amenaza a los familiares para que no denuncien los hechos ante organismos de derechos humanos ni realicen publicaciones en redes sociales.
Anielka García Zapata, Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales, Josett Miranda y Mayela Campos son otras de las presas políticas del régimen Ortega Murillo. Axel Javier Balladares Merlo es el preso político posterior a las protestas de 2018 con más tiempo de estar en prisión. Balladares Merlo, originario de Masaya, el 16 de diciembre cumplió tres años desde su detención ocurrida en 2020.
Julio Ferrer, abogado de Cubalex, dijo a Expediente Público que las instituciones oficiales tampoco brindan “información” de las personas presas políticas.
“Los que estamos acá (en Cuba) no tenemos información actualizada, seguimos la información con los familiares, pero es muy limitada. Y los mismos familiares temen dar información y temen represalias contra ellos”, manifestó Ferrer.
Para Wendy Flores integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la denuncia sigue siendo un “elemento crucial” en el contexto que viven estos países. Según Flores, la denuncia sirve para que los hechos de represión “no queden silenciados, olvidados y en la impunidad”. “Hay un régimen dictatorial y en algún momento esto tendrá que cambiar”, señaló Flores en un evento realizado en San José, Costa Rica en el que presentaron avances y compromisos para la defensa de los derechos humanos.
Anielka García Zapata, Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales, Josett Miranda y Mayela Campos son otras de las presas políticas del régimen Ortega Murillo. Axel Javier Balladares Merlo es el preso político posterior a las protestas de 2018 con más tiempo de estar en prisión. Balladares Merlo, originario de Masaya, el 16 de diciembre cumplió tres años desde su detención ocurrida en 2020.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro mantiene encarcelado a 310 personas por motivos políticos, según la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Al menos 149 del total de presos políticos son funcionarios del Estado y 119 miembros de la sociedad civil, que igual que el resto de personas se encuentran privados de libertad sin que se haya establecido responsabilidad en hechos delictivos. Según Justicia, Encuentro y Perdón los presos políticos en Venezuela sufren torturas y son sometidos a ahogamiento simulado, palizas, cortes y golpes, violación y tortura blanca. “Más de 50 de ellos están estado muy grave de salud, al menos 19 mujeres, todas también muy mal de salud consecuencia de las secuelas de las torturas y las condiciones de reclusión”, dijo a Expediente Público, Martha Tineo, abogada de la organización venezolana.
La liberación de 5 activistas opositores, el pasado 18 de octubre, en el marco de una mesa de diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, generó grandes expectativas entre los familiares que no quieren ver una “silla vacía” en estas celebraciones de fin de año.
“Lejos de eso hemos visto una escalda de persecución por razones políticas y la detención de nuevas personas por razones políticas y órdenes de captura, vemos un recrudecimiento de la situación”, refirió Tineo. A esta fecha, según Tineo, no se vislumbra una salida a la crisis que viven los venezolanos. “En todo este mes hemos impulsado una campaña con la etiqueta Navidad sin presos políticos”, mencionó. Entre 2014 y 2022, un total de 334 personas fueron asesinadas en Venezuela, 294 en el contexto de las manifestaciones y el resto por persecución política, según Justicia, Encuentro y Perdón.
Previo a la Navidad, sin embargo, el régimen venezolano liberó a 26 presos políticos entre ellos seis extranjeros y 20 venezolanos, informó en una nota el Departamento de Estado. Entre los extranjeros, todos son ciudadanos estadounidenses fueron liberados Joseph Cristella, Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore, Savoi Wright y otros que prefieren el anonimato. “Todos han salido sanos y salvos de Venezuela”, refirió en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos acogió con “beneplácito la liberación” de los 20 presos políticos venezolanos. La liberación de los 26 presos políticos se dio en el marco de un “canje humanitario” con Washington, que puede incluir a Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
“Pedimos la libertad de los 290 presos políticos que quedan en Venezuela. Que este canje humanitario, como lo habíamos propuesto, se libere a todos los presos políticos”, dijo Ana Leonor Acosta Directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela.