La destacada internacionalista que colabora con OGAL señala que
“ha sido necesario hacer un compromiso del gobierno con las disidencias de
las FARC para que sean estos antisociales, a través de su Estado Mayor
Central, quienes aseguren que el material electoral llegará a su destino y que
las votaciones regionales se harán en calma”.
Hasta esta hora 26 candidatos a diferentes puestos han sido asesinados mientras que otros 106 han sido amenazados y 152 han sido víctimas de hechos violentos relacionados con los comicios.
Mañana deben ir a las urnas 39 millones de colombianos en una justa electoral
de carácter regional que arrojará muchos indicadores en cuanto a la
percepción nacional del gobierno de Gustavo Petro, particularmente en él
terreno de la seguridad ciudadana.
Los riesgos de problemas de orden público son grandes. En el interior del país
la intimidación a la población votante ha sido la regla. Es la mejor manera de
estimular la abstención y las hordas armadas de Iván Mordisco, el jefe de los
disidentes de las FARC, han dedicado lo mejor de su esfuerzo a impedir que la
fuerza pública pueda actuar en unos cuantos departamentos del país donde
estos son reyes y señores.
Y es así como se producen en Colombia situaciones impensables en cualquier otra nación del planeta.
Como es lógico pensar en suelo colombiano, quienes deben asumir el compromiso de garantizar que el proceso se desarrolle como Dios manda son las Fuerzas Militares regulares del país.
Pero lo cierto es que ha sido necesario hacer un compromiso del gobierno con las disidencias de las FARC para que sean estos antisociales, a través de su Estado Mayor Central, quienes aseguren que el material electoral llegará a su destino y que las votaciones regionales se harán en calma.
Ello incluye la garantía de que las fuerzas del orden público podrán acceder a las zonas en donde se encuentran los 7.000 puestos de votación rurales, así como también todo el personal que se requiere para el desarrollo logístico de las mismas.
Todo comenzó con un pedido de este grupo a Gustavo Petro de decretar un
alto el fuego bilateral para que estas fuerzas guerrilleras se involucren en el
proceso de paz. Y lo consiguieron.
Desde el 16 de octubre está en marcha este cese el fuego y estará vigente hasta enero de 2024. El alcance de este acuerdo es vasto, toda vez que el grupo liderado por Mordisco incluiría a 2.149 hombres en armas y 1.331 integrantes de las redes de apoyo, también conocidas como milicias, para un total de 3.480 integrantes.
El caso es que tal debilidad ha sido utilizada por la oposición colombiana para
hacer ver al interior del país -y también por fuera del mismo- la aberrante
situación que reina de cara a un proceso electoral de tanta trascendencia.
“¿En qué momento pasó el Estado a pedirles permiso a los terroristas de las
FARC para poder hacer unas elecciones?”, fue la enervante pregunta que hizo
la aguerrida senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien
además, restregó al propio ministro de la Defensa en funciones su incapacidad
de manejo del tema de la seguridad ciudadana y su ausencia de estrategias
para mitigar el crimen en el país. Es propio poner de relieve que el Índice
Global de Crimen Organizado 2023 emitido por Global Initiative en los días
pasados ha considerado que el país vecino es la segunda nación más afectada
en esta problemática, solo por debajo de Birmania.
Así las cosas, la contienda electoral de mañana es de gran trascendencia para
los colombianos y lo será más en la medida en que la ciudadanía pueda ir a
expresar su pensar en un ambiente de paz. En esta ocasión se elegirán los
alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, pero también se emitirá juicio
sobre la administración del presidente exguerrillero.
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